Ley contra los Monopolios cierra el camino al libre mercado

Caracas  Jul 12 (El Mundo) Si en algo coinciden académicos y representantes gremiales cuando hablan del proyecto de Ley contra los Monopolios y otras Prácticas de Similar Naturaleza, es en señalar que el texto conocido tiene cuando menos dos graves errores: uno conceptual y otro de aplicabilidad; deslices que, no obstante, no son casuales sino que tienen como objetivo cerrar espacios a la economía de mercado y completar el andamiaje de la economía social.

 

El primero de los errores está en que la norma tiene como norte "perseguir una estructura monopólica y no una conducta monopólica.

 

Son dos cosas completamente distintas que no pueden ser tratadas como iguales", asegura Jorge Botti, presidente de Fedecámaras y quien de tajo ratifica que el organismo empresarial es contrario a cualquier forma de monopolio, sean de orden privado o público.

 

Con base en ello, el líder empresarial asegura que la nueva ley, lejos de dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 113 de la Constitución Nacional, busca socavar las estructuras que por su tamaño o estrategia de mercado se han ganado un puesto de dominio en un sector determinado de la economía.

 

Y no precisa remitirse a grandes compañías para demostrar la validez de su tesis, al argumentar que una franquicia como Juan Chichero, que tiene una posición de dominio en la venta de chicha en la calle, puede ser acusada de monopólica por el solo hecho de tener una política comercial acertada y un producto de probada calidad que compite en buena lid con cualquier vendedor ambulante del tradicional producto.

 

En apoyo a esta teoría, el abogado y profesor universitario José Ignacio Hernández, estima que la ley busca regular una materia técnica pero no deja claro cómo lo hará, en el entendido que el espíritu de la norma es prohibir una estructura económicamente funcional y no las conductas monopólicas y oligopólicas, que es el deber ser de una norma de esta naturaleza.

 

 "La Constitución Nacional, en su artículo 113 prohibe los monopolios y los abusos de la posición de dominio, pero en ningún caso ataca las estructuras económicas", afirma el catedrático, quien ha estado involucrado con el proyecto de ley desde que fuera planteado por primera vez en el año 2006.

 

Hernández señala, además, que en una economía tan distorsionada como la nuestra (con prolongados controles de cambio y precios) es perfectamente posible que una empresa desaparezca y que otra, sin siquiera proponérselo, se haga con el dominio de mercado; situación que la nueva normativa puede considerar como una práctica monopólica.

 

Es por ello que el economista y experto en regulación de mercados Enrique González, considere "imperativo contar con definiciones de tipificaciones de conductas específicas, para evitar falsos positivos, errores y la discrecionalidad que implicaría prohibir conductas monopólicas y oligopólicas".

 

Convencido de que la regulación de competencia es el mecanismo ideal para atender los temas antimonopolio, González cree que la ley dista mucho de alcanzar el objetivo de "democratizar la distribución de bienes y servicios en el país, teniendo al Estado como garante del desarrollo económico", como asegura el diputado por el Psuv Hugbel Roa, integrante de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN) y principal impulsor de la Ley Contra los Monopolios.

 

"El abuso de una posición de dominio, eso es punible aquí y cualquier parte del mundo. Pero esta ley no trae eso, pues solo toma en cuenta el hecho de que seas una empresa grande. Si dominas un mercado aunque no abuses de la posición, ya estás violando la ley", dice Jorge Botti.

 

El gato sin cascabel

Si el hecho de que la ley regule la estructura económica y no la conducta monopólica es visto como el principal desacierto de la ley, para los expertos no es menos preocupante el objeto de aplicación, tomando en cuenta que quedarían excluidas las empresas públicas que "realicen una actividad estratégica (...) o vinculadas con la producción de bienes o prestaciones de servicios de primera necesidad", como reza el parágrafo único del artículo 3 del proyecto.

 

"No es sano que se excluya a las empresas del Estado. Si la idea es garantizar el mayor beneficio para el país, debería medirse a todas las empresas, sean públicas o privadas", señala José Ignacio Hernández, quien no obstante señala que la posible inclusión de las empresas públicas "salvo aquellas que operan en sectores estratégicos", tendría una aplicabilidad más acorde con la realidad.

 

A pesar de este posible reparo, el experto en derecho administrativo Juan Domingo Alfonzo estima que la discrecionalidad será lo que domine a la hora de aplicar la normativa a una empresa pública. "Es un concepto amplio que permite muchas interpretaciones", acota el experto en referencia a los mecanismos para determinar si una empresa interviene o no en un sector estratégico de la economía.

 

Daño potencial y otros avatares

Para Juan Domingo Alfonzo, otro de los grandes temas que resaltan en la Ley Contra los Monopolios es el referido a la amplitud de la norma en lo que respecta a la determinación de la cuantía de una multa, pues el numeral 5 del artículo 46 prevé que uno de los factores a medir es "la magnitud del ilícito y el daño causado en un espacio económico, a otros agentes o a los consumidores y usuarios".

 

"Esto establece que la potencialidad de dañar está verificada, algo que es inédito en una ley de esta naturaleza", señala el abogado, para quien la interpretación de este artículo puede dar base para la discrecionalidad.

 

Por su parte, Jorge Botti recuerda que el texto legal omite las palabras mercado y competencia, sustituyéndolos por definiciones "etéreas" como 'espacio económico' y la 'necesidad de insertar a otros actores económicos'; términos que para el dirigente gremial hablan de la consolidación de la economía socialista.

 

Al respecto, Enrique González dice que la omisión de palabras claves de la economía como hasta ahora la conocemos "constituye una gravísima violación del interés público y de la naturaleza controladora de la regulación de competencia o antimonopolio, que no debería ser otra que proteger al consumidor final y a la eficiencia económica como un bien que beneficia a toda la sociedad".

 

Asimismo, el presidente de Fedecámaras aclara que con base en lo expuesto en la ley, pareciera que se presenta una visión corta de la conducta monopólica al suscribirla solo al ámbito del abuso de la posición de dominio a través del precio.

 

"Cuando se restringe la oferta también se actúa monopólicamente, como en Cuba, donde no hay especulación ni inflación, pero se impone lo que cada quien tiene que comer en todo momento", dice Botti, para quien la Ley Contra los Monopolios viene a constituir junto a la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley del Acceso a los Bienes y Servicios una trilogía que "le pone el candado a la poca economía de mercado que queda".

 

Sin avalar o rechazar esta posición, Enrique González es contundente al señalar que el proyecto de ley viola "principios y derechos económicos constitucionalmente consagrados y el mismo interés público.

 

¿Y cómo queda el Mercosur?

Para algunos analistas la contradicción salta a la vista: entrar al Mercado Común del Sur (Mercosur) contraviene el espíritu de la Ley contra los Monopolios y otras Prácticas de Similar Naturaleza, tomando en cuenta que como sustento de la estructura de economía social, la norma no reconoce al mercado como sustento de la economía.

 

Para José Ignacio Hernández, el ingreso al Mercosur significa reconocer todos los derechos económicos que los socios del bloque dan por sentado, algo que la ley no pareciera consagrar.

 

Y no se equivoca. El Protocolo de Defensa de la Competencia del Mercosur de 1996, establece que "los Estados Partes deben asegurar, en el ejercicio de las actividades económicas en sus territorios, iguales condiciones de libre competencia".

 

Es por ello que Enrique González cree que tanto la Ley contra los Monopolios como la Ley de Costos y Precios Justos constituyen una especie de "sanción previa sobre todo oferente de bienes y servicios", por lo cual pudieran ser piedras de tranca para la plena participación del país en el grupo comercial sureño.

 

Jesús Faría, economista y diputado miembro de la Comisión de Fianzas de la Asamblea Nacional, cree todo lo contrario.

"No hay absolutamente nada en la ley que impida la entrada de Venezuela al Mercosur.

 

Lo único que hay son grupos empresariales que quieren frenar cualquier avance de la política económica del gobierno, como la posibilidad de entrar al Mercosur", acota, al tiempo de agregar que al contrario de otros tratados que sí habrían quebrado las estructuras productivas del país como el Alca, el Mercosur obliga al sector industrial a ser más eficiente para poder medirse con sus pares de otros países.