Retraso en desarrollo de obras y desempleo marcan a Tocoma

 Ciudad Guayana Feb 10 (El Universal).- Más de 200 desempleados rodean los portones de la obra de la central hidroeléctrica Manuel Piar en Tocoma, en el municipio Angostura del estado Bolívar. El proyecto hidroeléctrico que aportará 2.160 MW al sistema eléctrico, con más de 11 años en construcción, aún no ha logrado poner en servicio comercial su primera unidad generadora, que inicialmente debía entrar en servicio en septiembre de 2012, pero que se reprogramó para abril de 2014.

 

Desde hace cinco meses el proyecto está prácticamente paralizado y el flujo de trabajadores a la obra es mínimo. De miles de empleos que generaría la construcción de la central, el cuarto aprovechamiento del Bajo Caroní, fuentes del sector aseguran que en el área no quedan más de 300 trabajadores en labores. Los desempleados piden reanudar las obras.

 

Hasta octubre de 2012, las obras electromecánicas a cargo de la empresa argentina Industria Metalúrgica Pescarmona (Impsa) llevaban una ejecución de 64,9% según un informe oficial, pero los trabajadores de la obra señalan que no supera el 25%, lo que supondría un fuerte retraso, considerando que Impsa es la encargada de proveer las 10 turbinas Kaplan, reguladores de potencia, 10 generadores de 230 MVA y otros equipos.

 

La otra gran contratista del proyecto es el grupo de capital brasilero, italiano y venezolano OIV (Odebrecht Venezuela, Impregilo y Vinccler), encargado de las obras civiles, cuyo avance supera el 90%. Empero, los trabajos finales tendrán que esperar pues algunas sub-contratistas del proyecto se han retirado por falta de pago.

 

La subcontratista HPC de Venezuela, de capital japonés, liquidó a parte de su personal en el último trimestre de 2013, por falta de pago de la Corporación Eléctrica Nacional y aún no ha vuelto a la faena. "El proyecto sigue así, está parado, nada ha cambiado", dijo una fuente de la industria, no autorizada para declarar.

 

El Consorcio Uriapari, encargado de las labores de inspección de las obras civiles y electromecánicas, está en situación similar. Entre diciembre de 2013 y enero de 2014, fueron desincorporados 213 trabajadores -sin hasta ahora recibir el pago de sus beneficios- de un total de 360 trabajadores, que no cobran salarios desde la segunda quincena de octubre de 2013, por falta de liquidez de la empresa privada.

 

La empresa atribuye el incumplimiento de los beneficios a la falta de pago de Corpoelec de las valuaciones y facturas emitidas por concepto de la inspección de las obras civiles y electromecánicas ejecutadas por OIV y la argentina Impsa. Además de los salarios, adeuda el bono de alimentación desde septiembre de 2013, las utilidades, vacaciones, anticipo de prestaciones, intereses de fideicomiso, entre otros conceptos.

 

El trabajador del consorcio, José Luis Alvarado, sostuvo que han acudido a todas las instancias legales e, incluso, introdujeron un recurso por la vía judicial con el petitorio de una medida cautelar para proteger sus prestaciones que fue negada. Han enviado cartas a la Defensoría del Pueblo, a la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Energía Eléctrica, entre otros entes, y el próximo paso será ejercer un derecho de palabra ante el Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB). "Estamos indefensos y desprotegidos", expresó.

 

La suspensión del servicio de transporte del personal fue la última medida de la empresa.

 

Deudas millonarias

 

Dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción aseguran que Corpoelec adeuda más $1.200 millones a las contratistas por una obra que ha más que duplicado su valor por los retrasos.

 

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que en 2005 el costo total del proyecto era de $3.061 millones, calculados con precios base de diciembre de 2003. Para el 2013 el costo estimado era de $7.683 millones, una cifra 150% superior a la inicial.

 

En lo que respecta a las obras electromecánicas, a cargo de Impsa, el monto inicial del contrato fue de $ 451,9 millones, pero los estados financieros de la industria argentina del tercer trimestre de 2013 ubican el monto de la obra en $ 1.067 millones, una cifra 136% superior.