Reclaman $952 millones por estafa de Illarramendi

 Caracas Abr 15 (El Universal) La estafa de cientos de millones de dólares perpetrada por Francisco Illarramendi en Estados Unidos muestra un balance donde el valor de los reclamos supera al de los activos disponibles.

 

La contabilidad registrada por John Carney -síndico de las empresas Michael Kenwood Group y Highview Point Partners, partes en la estafa de Illarramendi- ante la Corte Distrital de Connecticut, indica que al 30 de junio de 2013 las obligaciones pendientes de las dos entidades de inversión llegaban a 952 millones 325 mil dólares.

 

Allí se incluyeron 937 millones de dólares en reclamos (de parte de acreedores de MKG y Highview), aunque se advierte que los reclamos presentados no han sido totalmente analizados, por lo que aún no se han hecho todas las conclusiones.

 

El resto de los compromisos, 15 millones de dólares, están anotados como gastos administrativos.

 

Cabe acotar que en el balance interino presentado el 31 de diciembre de 2012 los reclamos sumaban 2 mil 180 millones de dólares. Sin embargo la actuación del síndico permitió que se recuperarán más de 200 millones de dólares en efectivo y equivalentes en favor de los activos, logrando además que se redujeran en mil 200 millones de dólares el valor de las demandas.

 

Sin embargo, los activos disponibles para el 30 de junio de 2013 no cubren el valor de los reclamos y demandas.

 

Los datos aportados ante el sistema de justicia de Estados Unidos apunta que se cuenta con 622 millones 221 mil dólares, desglosados en 289 millones 542 mil dólares en efectivos y equivalentes, 41 millones 434 mil dólares en inversiones privadas, y 291 millones 244 mil dólares en potenciales reclamos.

 

De concretarse ese monto de activos, y con el nivel de pasivos pendientes, se reportaría un déficit de 35% en la cobertura de todos los reclamos.

 

La estafa de Illarramendi, basada en un esquema piramidal tipo Ponzi, afectó activos del Fondo de Pensiones de Pdvsa, cuyo presidente de la Junta Administradora, Eudomario Carruyo, había autorizado la utilización de los vehículos de inversión manejados por Illarramendi.

 

En 2011, tras conocerse la estafa, Pdvsa anunció que cubriría las pérdidas del Fondo de Pensiones. Posteriormente se hizo parte en la demanda, reclamando 573 millones de dólares.

 

A la fecha está por aprobarse un esquema para repartir los activos entre los acreedores, así como la sentencia del propio Illarramendi.