Sombras sobre economía ponen en riesgo la revolución fiscal

 Caracas Abr  21 (El Universal) Para este año se calcularon ingresos tributarios no petroleros con un mayor peso en las cuentas nacionales, una tendencia que ha predominado en la forma de ordenar el presupuesto en los últimos tiempos. Pero a principios de 2014, cuando ya se había aprobado el proyecto presupuestario, el mismo Ejecutivo que calculó las cuentas fiscales para este año, promulgó por la vía habilitante una Ley de Precios Justos que le pone tope a las ganancias de las empresas y que, por lo tanto, le coloca un límite a los ingresos tributarios nacionales.

 

De acuerdo a la Ley de Presupuesto 2014, 74% de los ingresos fiscales llegará por la vía del cobro de impuestos, un poco por encima del 72,4% que estaba pautado recibir el año pasado por esa vía.

 

El martes pasado el Presidente Nicolás Maduro reiteró que la reforma fiscal, una vieja promesa del gobierno, esta vez sí va y que se trata en realidad de una "revolución fiscal".

 

"Hay que ensanchar la base de recaudación a los que más tienen", dijo el mandatario nacional el pasado martes durante un acto desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

 

Maduro aseguró que este año se romperá un récord en recaudación de impuestos, lo que estará impulsado por esa reforma fiscal que propone el Gobierno.

 

"Se está planteando una reforma fiscal, pero realmente no es una reforma, es una revolución fiscal venezolana para captar completamente la riqueza del país y convertirla en salud, educación, vialidad", dijo el jefe de Estado.

 

Hacia la economía socialista

 

Los precios petroleros, estacionados en torno a los 96 dólares en lo que va de año, se estabilizaron, según han indicado los expertos, lo que cierra las posibilidades de obtener dinero por una vía que ya está presionada por la expansión del gasto público.

 

Algunos analistas consideran que la aprobación de la Ley de Precios Justos, que fija un tope de 30% a las ganancias de las empresas, es el verdadero motivo por el cual se retomó la idea de la reforma fiscal. Para Maduro, en cambio, las modificaciones de las políticas fiscales son necesarias para construir una economía socialista.

 

El vicepresidente de la Academia de Ciencias Económicas y Sociales, Luis Zambrano Sequín, ha señalado que la limitación a las ganancias, en un año que no promete ser el mejor para el sector privado, parece ser el detonante para esa reforma.

 

Adicionalmente el aparato industrial que está en manos del Estado muestra pocos resultados positivos, tanto que el propio jefe de Estado hizo un llamado a las empresas públicas a producir, a generar dividendos que les permitan pagar "impuestos fuertes".

 

Ha sido precisamente el tejido empresarial estatal el que ha mostrado la peor cara productiva. Los propios datos que maneja el Banco Central de Venezuela hablan de un desplome de 17,9% del valor agregado bruto de la manufactura pública, lo que arrastró a todo el sector a una caída de 1,7% en el último trimestre de 2013.

 

Base que se ensancha

 

Sin necesidad de adelantar su "revolución fiscal", el Gobierno nacional ha logrado que más gente pague Impuesto sobre la Renta (ISLR).

 

El Código Orgánico Tributario ordena en su artículo 121 el reajuste anual de la Unidad Tributaria (UT) "sobre la base de la variación producida en el Índice de Precios al Consumidor en el Área Metropolitana de Caracas, del año inmediatamente anterior"; no obstante, esto no se cumplió.

 

Para este año, tras un 2013 que significó una inflación de 52,7% en Caracas, las autoridades decidieron autorizar un ajuste de la UT de apenas 18,6%, al ajustarla a Bs 127, en lugar de una cifra que orbitara en torno a los Bs 163, en concordancia con lo indicado en el código tributario.

 

Un año antes, el aumento de ese valor -que sirve de parámetro para definir quienes pagan ISLR- fue similar al de la inflación caraqueña que fue de 19,5% en 2012.

 

Para el próximo año fiscal, que finaliza el 31 de marzo de 2015, deberán pagar ISLR todas las personas naturales con remuneraciones superiores a Bs 127.000, en vez del mínimo de Bs 163.000 que sería si el código tributario se hubiera aplicado.