En 2017 empleados públicos deberán tener vivienda propia

 Caracas  Jul 14 (El Universal) En tres años, la totalidad de los trabajadores, jubilados y pensionados de la administración pública deberá poseer vivienda propia o estar incorporados en un proyecto habitacional en proceso de ejecución.

 

La ambiciosa aspiración está contemplada en el proyecto de "convención colectiva marco socialista de los servidores y servidoras de la patria", que según las metas del Presidente Nicolás Maduro debería estar aprobado a finales de este mes.

 

Si se toman en cuenta las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2,6 millones de trabajadores que laboran en el sector público serían los beneficiados con la incorporación de la Misión Vivienda Obrera en el contrato marco.

 

La propuesta que manejan Fentrasep y Fedeunep prevé la elaboración de un reglamento para la Misión Vivienda Obrera en la administración pública y la inclusión de un representante de ambas federaciones y de la Central Bolivariana de Trabajadores en el órgano superior conjunto de vivienda y hábitat para velar por la aprobación de proyectos, el financiamiento y transparencia en la adjudicación de viviendas.

 

De acuerdo a características especiales, los trabajadores podrán optar por los programas sociales de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y 0800-Mihogar.

 

Por ejemplo, si un trabajador cotiza en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda y no posee casa propia puede optar al plan de la Misión Vivienda. Tendrán prioridad quienes estén damnificados o vivan en condición de alto riesgo.

 

Para quienes junto a su grupo familiar devenguen más de cuatro salarios mínimos se garantizará la adquisición de viviendas a través de 0800-Mihogar; y a los trabajadores que ya posean un lugar para vivir se les ayudará con la remodelación mediante el programa Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.

 

Más misiones

 

En el contrato marco de la administración pública está prevista la inclusión de otros programas sociales, que vendrían a fortalecer el denominado "salario social".

 

Es una meta de Fedeunep y Fentrasep que en el primer año de vigencia del contrato marco se habiliten los espacios necesarios en cada centro de trabajo o en sus adyacencias para la instalación de Mercal y Pdval Obrero.

 

El Ministerio de Alimentación será el encargado de garantizar el mobiliario y el suministro de los alimentos. Mientras que las federaciones de empleados públicos y sus sindicatos afiliados se comprometen a administrar los establecimientos y promoverán la contraloría social para velar por el cumplimiento del programa.

 

A los trabajadores, jubilados y pensionados se les otorgará la "Cédula del Buen Vivir", con la finalidad de facilitar la adquisición de productos de primera necesidad y el disfrute de actividades turísticas.

 

En materia de salud y servicios funerarios se propone la creación de una fundación o ente que garantice ambos beneficios, en vista de que la administración pública ha dirigido recursos a "empresas capitalistas" que no han repercutido en mejorar la atención de salud de los trabajadores.

 

La idea es que al momento de la firma del contrato marco se constituya una comisión paritaria que elevará al Presidente de la República el funcionamiento del ente propuesto para garantizar el servicio de salud y gastos funerarios.

 

Otra de las novedades de la convención es la instalación de farmacias populares (Farmaobrera) en cada sede ministerial y sus respectivos entes adscritos para garantizar mejores condiciones de salud para los trabajadores. De igual forma, se impulsará la creación de empresas de producción social de fármacos.